La participación ciudadana, es el ejercicio de un derecho constitucional (artículo 23) y el cumplimiento de un mandato imperativo que la Constitución dicta a los poderes públicos (artículo 9.2). El ejercicio de un derecho que los melillenses aún no hemos alcanzado en su plenitud.
Hubo un momento en la historia de la democracia española, en que los Ayuntamientos se plantearon regular la participación ciudadana desde una óptica que parecía ver la intervención ciudadana como problema y no como una necesidad del sistema democrático para mejorar la gestión de los asuntos públicos.
En Melilla ni siquiera ha llegado ese momento, y eso que nos estamos remontando a los años 80 que es cuando se producen los primeros reglamentos de participación ciudadana en numerosos municipios de nuestro país.
En esos primeros reglamentos se denota un marcado carácter administrativo que cumple con la norma, que hace explícito el reconocimiento de ese derecho pero carece de esa actitud pro-social de acercar la administración al ciudadano favoreciendo y estableciendo espacios y recursos para facilitar la participación ciudadana. Se trataba más bien de una idea de contener y contentar a las asociaciones ciudadanas
poder realizar sus tareas, preservando su autonomía; de colaborar con el sector asociativo sin ser intervencionista; de favorecer la intervención ciudadana directamente sin necesidad de usar las asociaciones como intermediarias.
Por otra parte, aquellos que ven la participación como el ámbito de las relaciones ciudadanas, en las que el representante municipal (político o técnico) es una especie de agente comercial que trata de vender la acción municipal a los dirigentes asociativos para que la acepten, aunque sea necesario hacer algunos retoques a fin de contentar algunas voces y evitar así el conflicto.
Desde esta última perspectiva no se profundiza en la realidad de las asociaciones y se permite el nacimiento y la consolidación de corporativismos; no se incentiva la evolución interna de las asociaciones y se olvida la importancia de hacer pedagogía de la acción política para facilitar el conocimiento de la acción de gobierno; y no se tiene en cuenta la intervención individual de la ciudadanía quien, no olvidemos, es el sujeto activo del derecho a la participación”
Para entrar un poco en los posibles escenarios de la participación en Melilla, y de esta manera poder comprender en qué punto de partida nos encontramos, vuelvo a hacer referencia al Sr. Pindado que, haciendo gala de cierta ironía, nos muestra “diferentes escenarios de participación ciudadana señalando cual podría ser la actuación de los diferentes agentes: políticos, técnicos, asociaciones y ciudadanía individual.
Son grandes extremos, pequeñas hipérbole que surgen del análisis de experiencias conocidas. No son modelos puros, sino que se pueden encontrar combinaciones diversas. No se trata de identificar ningún ayuntamiento en concreto.
Como se dice en algunas películas “cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia” ¿O no?”.
Despotismo ¿ilustrado?
POLÍTICOS
Piensan que en el fondo la gente no tiene interés por la cosa pública. Para eso están los políticos que han sido elegidos democráticamente, no hace falta compartir el poder con nadie. Si alguien quiere participar que se presente a las elecciones.
Desde esta perspectiva no se buscan medios para incorporar ideas, iniciativas o propuestas ciudadanas.
TÉCNICOS
El personal técnico municipal ya sabe hacerlo todo sin que nadie le diga nada. Son los conocedores de la ciencia y de la técnica. Rinden cuentas solamente a los políticos. La ciudadanía ha de someterse a sus planteamientos y adecuarse a sus horarios y funcionamiento. En realidad, la ciudadanía es un mal necesario, molestan un poco y hay que procurar evitarlos cuando no se les pueda convencer que las propuestas municipales son lógicas y adecuadas
ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA
La ciudadanía es “Jobbiana” (del Santo Job, no de Hobbes), está armada de paciencia y se resigna a sufrir el buen o mal funcionamiento de los servicios públicos. En general, las personas individuales sólo son utilizadas para hacer actuaciones que puedan tener alguna repercusión electoral.
Las asociaciones sólo se preocupan de hacer sus actividades, acercándose al ayuntamiento para conseguir subvenciones y apoyo material, utilizando para ello todo tipo de canales, normalmente, poco formalizados y basados en relaciones personales. Son “las únicas representativas” y sin ellas “no se haría nada en la ciudad”. Se quejan de la falta de colaboración de la ciudadanía que no “quiere participar” porque se está muy cómodo en casa y lamentan las dificultades para funcionar, achacando esa responsabilidad a las administraciones públicas que no les dan suficientes subvenciones para hacer aquello que “en el fondo deberían hacer los ayuntamientos”.
Desde esta perspectiva es difícil hacer planteamientos de revisión y reforma del funcionamiento de la asociación porque la causa de los males siempre es ajena a la propia entidad.
Normativista
POLÍTICOS
En este escenario, las personas con responsabilidad política consideran la participación como el cumplimiento de la norma. No es necesario ir más lejos. En campaña electoral y desde el gobierno municipal, se hacen solemnes declaraciones de la importancia de la participación. Se reconoce que es un derecho fundamental y que existe un mandato constitucional a los poderes públicos para promoverlo.
Existe un Reglamento muy elaborado que copia, en el ámbito local, lo que ya está dicho en otras leyes, desde la Constitución a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pasando por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Junto al Reglamento existe una arquitectura de órganos y consejos de participación con una buena definición formal, donde queda clara su composición, cuando se reúnen, quien los presidirá, como se hará el orden del día, aunque…. no se sabe bien qué funciones va a desarrollar, más allá de las meras formalidades administrativas indicadas por el reglamento que los creó.
Los cargos electos se pasan el día cantando las excelencias de la participación y de la transversalidad, pero mantienen una organización vertical y jerarquizada y, en el fondo sólo les interesa pacificar a los movimientos sociales introduciéndolos en dinámicas administrativas ambiguas. El funcionamiento de la organización municipal es garantizar que los procedimientos funcionen y utilizar la maquinaria administrativa burocrática para dar respuesta a las peticiones. Si funciona la burocracia, funciona la democracia.
TÉCNICOS
El personal municipal son por una parte animadores de grupos, mantienen una relación cordial y amable con los representantes de las asociaciones. Este grupo suele estar vinculado a las áreas de servicios a las personas y tienen serias dificultades para que las áreas más técnicas entiendan la importancia de su trabajo y acepten algunas sugerencias.
Por otra parte, otro sector de técnicos son intérpretes de la ley y defensores de la formalidad y de la legalidad, paladines de la democracia formal y pedagogos de la participación “dentro de un orden” que no vaya más allá de la consulta más o menos cualificada.
ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA
Las asociaciones participan en consejos y otros órganos que recogen, formalmente la participación pero que, en el fondo, son espacios para legitimar la acción municipal. La iniciativa siempre es del gobierno y las asociaciones se limitan a asentir o a contestar, pero rara vez tienen actuaciones propositivas.
No les interesa la intervención de la ciudadanía individual, y así lo exigen al ayuntamiento, porque la “mejor forma de participar es mediante asociaciones”. Olvidan que el derecho a la participación –como el derecho de asociación- son derechos individuales, que se ejercen voluntaria y libremente, no siendo necesaria la afiliación a ningún tipo de organización para su ejercicio.
Desde esta perspectiva, las asociaciones acaban siendo apéndices municipales que plantean sus quejas o reivindicaciones en los órganos consultivos, Llegan incluso a parecer pseudofuncionarios o gestores públicos dedicando más tiempo a las visitas de obra y a las reuniones administrativas que a organizarse internamente o a definir su propio proyecto y llevarlo a la práctica.
La ciudadanía individual es carne de sondeo. Se les conceden trámites de audiencia por correo ordinario o electrónico pero no tienen acceso ni posibilidad de hacer propuestas de manera organizada o en órganos de participación ciudadana.
Clientelar: la coartada de la calidad del servicio
POLÍTICOS
El ayuntamiento tiene un buen servicio de información, orientación y atención ciudadana. Cualquier persona que se acerque a las dependencias municipales es bien atendida y resuelve sus dudas y problemas o, cuanto menos, es orientada hacia donde debe dirigirse. La tramitación administrativa es ágil y eficaz. Se dan respuestas inmediatas, ya sea para aceptar lo que se solicita, o para explicar con muy buenas palabras y educadamente la imposibilidad de atender la petición.
Los cargos electos son verdaderos gestores que realizan tareas de seguimiento técnico y velan por la limpieza, la calidad y la buena imagen de los servicios públicos y de sus actuaciones. Saben que el ciudadano es el cliente a mantener satisfecho para que siga comprando la marca, afanándose por mantener buenas relaciones con los grupos más significativos del territorio, y dar respuesta inmediata a sus peticiones aunque no tengan lógica. A veces es difícil determinar donde acaba el rol político y empieza el rol técnico apareciendo una nueva especie: la politécnica, híbrido de político/a y técnico/a
TÉCNICOS
Una parte del personal técnico municipal desarrolla una tarea de relaciones públicas, tratando a la ciudadanía como clientes que merecen ser bien atendidos y, aunque no se les resuelva el problema, se puedan marchar contentos del buen trato recibido.
Los sistemas de información funcionan y, de hecho, son un pilar fundamental de la acción de gobierno, a veces más que información es publicidad, o su degradación en propaganda, pero se trata de hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. Se incorporan nuevas tecnologías para que las personas, desde su propia casa, desde el mercado o incluso desde el cajero automático o cualquier equipamiento público, accedan a la información o realicen cualquier petición a los servicios municipales, pudiendo incluso solicitar certificaciones, permisos, presentar quejas iniciativas, reclamaciones…
ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA
Las asociaciones utilizan locales municipales y dependen del ayuntamiento para su funcionamiento. La mayor parte de sus recursos no son propios sino municipales. Algunas tienen, incluso, una estructura técnica que les permite utilizar los nuevos medios informáticos para gestionar sus actividades auque les cuesta incorporar más gente a la asociación. Ofrecen servicios a precios asequibles y calidad discutible, y consiguen más clientes que socios.
La ciudadanía está bien atendida, tiene una buena calidad de servicio pero ni reclama, ni se le pide ningún otro compromiso o implicación con la ciudad. Los medios de comunicación municipales saben vender bien el producto y no hace falta nada más. Como mucho la relación con el ayuntamiento se basa en el “yo pago impuestos y por eso pido o reclamo”, es decir se asume el papel de cliente o consumidor de servicio público, y no el de ciudadano, con derechos políticos que reclama a sus representantes la gestión adecuada de los recursos colectivos.
Estratégico
POLÍTICOS
Saben que la democracia representativa, por sí sola, no permite construir ciudadanía activa. Apuestan decididamente por líneas de actuación que permitan la participación ciudadana en la elaboración y gestión de las políticas públicas municipales.
Saben que son, sobre todo, gobierno. Y en el ejercicio de su función política han de dirigir la acción municipal y han de relacionarse con los otros poderes públicos para conseguir una mejor defensa de los intereses de su ciudad y su población.
Para mejorar la calidad de su representación, han sido designados mediante elecciones primarias en sus partidos en base al diálogo, al consenso y a los mejores perfiles para asumir la responsabilidad política. Se esfuerzan en mejorar su formación y su capacidad personal y colectiva, provocando los debates en el seno del gobierno, definiendo claramente los objetivos y proyectos a impulsar y rindiendo, regularmente, cuentas a la ciudadanía.
Consideran la participación como un eje transversal que ha de afectar a toda la actividad municipal y un factor que añade valor a las políticas públicas. Se sienten comprometidos políticamente con buscar los instrumentos y canales que favorezcan el derecho a la participación y el impulso de procesos participativos.
Pretenden que la participación ciudadana no sea objeto de controversia política con la oposición y formalizan un gran pacto político para promoverla. Este pacto se hace extensivo a las organizaciones ciudadanas, a fin de poner en común, los medios necesarios para conseguir la máxima implicación ciudadana y no sólo de las entidades.
Su actividad principal es hacer política de ciudad, conocer los barrios y la actividad económica y social del territorio, escuchando a la ciudadanía, a los comerciantes a los empresarios, a los profesionales… a todos aquellos que viven o se interesan por la ciudad y buscando la manera de incorporar su conocimiento y su visión al mejor diseño de las actuaciones municipales.
La organización municipal, en su conjunto, no sólo el área de servicios personales, se orienta hacia la mejor manera de ofrecer el servicio público y a ser transparente y permeable a las iniciativas ciudadanas. Los responsables políticos animan al personal municipal a cumplir eficazmente sus trabajos y les dotan de medios técnicos y formativos para su mejor actuación.
TÉCNICOS
El personal municipal se siente parte de una organización cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades ciudadanas, prestando servicios de calidad y contando con la iniciativa, propuesta e intervención ciudadana.
Ponen en marcha los proyectos de acuerdo con las directrices políticas, planificando y organizando las actuaciones necesarias. Los procedimientos administrativos se revisan y adecuan para favorecer la intervención ciudadana.
Se aprende de las experiencias propias y ajenas para poner en marcha procesos participativos en el diseño de los programas de actuación municipal. Los reglamentos, órganos y canales de participación se van construyendo en base a las funciones y objetivos que deben cumplir, se realizan, teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes agentes que pueden formar parte y se elaboran sus contenidos mediante procesos de debate y participación amplios.
ASOCIACIONES Y CIUDADANÍA
Las asociaciones elaboran y redefinen su propio proyecto, buscan formas de autonomía, tratando de crear recursos propios que no las hagan dependientes de las administraciones. Ponen en marcha iniciativas económicas vinculadas a su finalidad u objeto social, tratando de incorporar como socios a los usuarios o clientes de esos servicios.
En cumplimiento de su propio proyecto, buscan los canales de relación con el ayuntamiento, para hacer posible la mejora de la calidad de vida de las personas que viven o usan la ciudad.
Existe una red de asociaciones que se coordina entre sí, organizando conjuntamente determinados proyectos, aprovechando las sinergias y potencialidades de cada una, sin establecer relaciones de competencia, sino de cooperación.
La ciudadanía es una pieza clave en los procesos participativos a los que siempre se trata de incorporar. Son a la vez sujeto activo y objeto de las políticas públicas y pueden encontrar medios para poder ejercer su derecho a intervenir en la mejora de la cosa pública.
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