(EL MUNDO, 03/03/11)
El proceso de elaboración de listas electorales realizado por los grandes partidos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales ha puesto de manifiesto, una vez más, el grave riesgo de fractura entre la ciudadanía y la clase política que existe hoy en nuestro país. Los españoles nos preguntamos estos días, ante el lamentable espectáculo ofrecido, si nuestros representantes son realmente conscientes de la frustración que produce en el ciudadano observar el desparpajo con el que se ponen de acuerdo para abandonar sus pactos anticorrupción y sus códigos de conducta. Y del riesgo que implica esa frustración acumulada.
El mensaje que transmiten a la ciudadanía tales pactos informales es que los códigos éticos se elaboran y difunden para quedar bien, sin perjuicio de que, cuando se acerquen las elecciones, se aparquen sin rubor. Por cierto, que ya nos gustaría a los ciudadanos que otros acuerdos entre los grandes partidos sobre las cuestiones fundamentales para el país se produjesen con igual rapidez… Pero no, pese a la grave crisis económica e institucional que padecemos, sólo hay un gran consenso (eso sí, sin foto publicitaria) entre los partidos mayoritarios: el que permite la inclusión en las listas electorales o en cargos orgánicos de los partidos a candidatos imputados o incluso sentenciados por prevaricación «si no se han enriquecido personalmente».
No hay riesgo mayor en una democracia que el que la ciudadanía identifique a la clase política de forma creciente como una casta aparte, con intereses muy distintos al de los ciudadanos a los que se supone que representan.
Intereses que van evolucionando, casi insensiblemente, de políticos a partidistas y de partidistas a clientelares y de clientelares a patrimoniales. Los ejemplos son innumerables, pero podemos citar desde el régimen de pensiones e incompatibilidades de los diputados hasta la negativa a rendir cuentas de cualquier tipo (ya sea por regalos, adjudicaciones irregulares, EREs fantasmas) sin mencionar los escándalos de la compra de votos o de las detenciones de gestores públicos en activo.
Todos estos ejemplos ponen de relieve que hay una casta política que está o se cree por encima de las reglas que rigen en la vida del resto de los mortales, donde la mala gestión, los errores y no digamos los delitos pasan factura.
Por tanto, es normal, máxime en un momento de gravísima crisis económica e institucional, que estos privilegios generen un creciente resentimiento. Es probable que esta situación, unida a la cada vez más evidente incapacidad de muchos de nuestros gobernantes y líderes, sea causa directa del creciente desprestigio de nuestros políticos como clase. Que esto es lo que está ocurriendo lo demuestra la creciente preocupación de los españoles con respecto a sus políticos, que reaparece una y otra vez en las encuestas del CIS, y la bajísima puntuación que merecen todos ellos, situación que está erosionando de forma muy grave nuestra todavía joven democracia.
Pero quizá lo más llamativo de todo es la absoluta falta de conciencia de la situación que -salvo excepciones- tiene la propia clase política. No ven lo que vemos todos y lo que dicen las encuestas: que existe una fractura que se está agrandando a pasos agigantados entre ellos, los representantes, y nosotros, los representados. Que dicen y hacen cosas que ya no nos creemos que sean en nombre nuestro, incluso que no queremos que se hagan y se digan en nuestro nombre.
No queremos que se nos diga que da igual que en las listas (o en los cargos orgánicos de los partidos) haya personas imputadas por delitos muy graves, como el cohecho, o hasta condenadas por prevaricación, porque, total, eso no afecta al resultado electoral. Conviene recordar que la prevaricación o el cohecho son delitos contra la Administración Pública, delitos donde se dictan resoluciones arbitrarias o injustas sabiéndolo, o donde se reciben regalos por razón del cargo o a cambio de favores. No estamos dispuestos a oír, cada vez que hay un escándalo que afecta al propio partido, que todo obedece a una conspiración política con la complicidad de instituciones claves del Estado, que se desprestigian de paso sin ningún rubor. Ni tampoco queremos que se invoquen principios éticos y se clame por un endurecimiento de las penas por corrupción y por reformas del Código Penal cuando no se es capaz de expulsar de las listas electorales a candidatos imputados.
Tal como están las cosas es obvio que la pelota está ya en nuestro tejado, y que nos corresponde, por ello, una grave responsabilidad. Puede que si los ciudadanos no decimos de una vez por todas que todo no da igual, que no queremos estas listas, que exigimos responsabilidades y que, en consecuencia, no votamos a partidos que actúen así, lo que nos espere a la vuelta de la esquina sea un salvador que nos prometa redimirnos de esta casta de privilegiados. Y para entonces la cosa ya no tendrá ningún remedio.
