‘TRANSPARECIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO’

Por pedir que no quede. En esta época preelectoral es el momento, según parece. Es la oportunidad que nos brindan los diferentes partidos políticos para trasladar propuestas e ideas para la próxima legislatura. ¡Qué generosidad y qué alarde de democracia participativa! Pues comienzo con mi propuesta que seguro compartirán muchos conciudadanos y conciudadanas de esta sufrida Melilla.

La participación ciudadana en nuestra ciudad es una expresión vacía y cualquier parecido con su significado real es pura pantomima.

Para los que nos gobiernan, que la sociedad permanezca sumisa y pasiva es algo que les viene fenomenal para tejer a su gusto. Es una perversión que permite el propio sistema al dejar libre una vía muerta que genera la propia inacción ciudadana al abdicar de sus derechos como ciudadanos.

Desarrollar la democracia participativa implica otra manera de entender y ejercer el poder: un poder que se torna más fuerte cuando cada vez son más personas las que participan en la construcción de las decisiones, en su desarrollo y en su evaluación.

En esa labor de coparticipación ciudadana en la construcción de una Melilla de futuro deberían trabajar los responsables políticos y hacer reflexionar a los que aspiran a gobernar este pedacito de tierra. Quizá sea pedir mucho.

Reflexionar sobre la participación ciudadana con letras mayúsculas es algo complicado porque en mi opinión, quienes nos gobiernan y nos han gobernado durante legislaturas anteriores, tienen una óptica democrática bastante defectuosa.

Transparencia y participación ciudadana son prácticas de buen gobierno que la clase política melillense no parece conocer y menos practicar. Y para muestra un botón. Recientemente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos el Código del Buen Gobierno Local que recoge los principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. Este documento ha sido remitido a todos los gobiernos locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo pudieran ratificar e incorporar a su normativa. Pero con Melilla no debe ir esta historia.

El documento aprobado fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la FEMP: PSOE, PP, IU, CIU y PAR. El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.

¿El gobierno local ha asumido públicamente este ‘Código del Buen Gobierno’ aprobado por unanimidad por la FEMP? No, porque debe pensar que un documento así no es necesario y menos aún un compromiso ratificado en Asamblea ya que estarán convencidos de que su gestión la ejercen con absoluta calidad y solvencia. Esto se da en la inmensa mayoría de los electos locales españoles, pero existen casos excepcionales en los que el sistema democrático soporta casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones…

Frente a ello, el documento de la FEMP propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos ayuntamientos modernos y eficaces y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.

Entre los principios más sobresalientes, el Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfuguismo. Además, incluye el compromiso de no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades y personas.

En lo que atañe a la calidad de la democracia, el documento incluye una serie de medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, entre las que se encuentra la creación de comisiones de control de la contratación pública, la creación de mecanismos para posibilitar la participación de los ciudadanos, facilitar el trabajo de todos los grupos políticos, garantizar la pluralidad en los medios locales de información y favorecer el diálogo con los sectores sociales. Asimismo, propone la regulación de una carta de derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios.

 

Por otra parte, el texto prevé la declaración de causas de incompatibilidad de los electos locales al principio y al finalizar el mandato y cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Se harán públicas las declaraciones de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforme a los modelos aprobados por los Plenos. Se registrarán los cambios patrimoniales o de actividad y se publicarán las retribuciones íntegras así como las compensaciones económicas por la representación desempeñada con motivo del cargo.

Finalmente, sobre las medidas de democracia participativa, el Código contempla medidas tan necesarias como inexistentes hoy por hoy en Melilla de fomento de la democracia participativa como complemento y refuerzo a la democracia representativa. Entre otras, prevé la creación de instrumentos como el Consejo del Municipio, grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, presupuestos participativos, Consejo económico y Social y Consejos Asesores Sectoriales y la Iniciativa Popular. Se asegura el derecho a la información y el fomento del diálogo y la administración relacional.

¿No les parece un ‘código de buen gobierno’ urgente y necesario para nuestra ciudad? ¿y no les parece que es hora de exigir a la clase política que las medidas de participación y consulta ciudadana hay que hacerlas durante los cuatro años de legislatura y no únicamente en época de elecciones?

La fractura entre política y ciudadanos

Por Elisa de la Nuez, abogada del Estado excedente y directora gerente de Iclaves
(EL MUNDO, 03/03/11)

El proceso de elaboración de listas electorales realizado por los grandes partidos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales ha puesto de manifiesto, una vez más, el grave riesgo de fractura entre la ciudadanía y la clase política que existe hoy en nuestro país. Los españoles nos preguntamos estos días, ante el lamentable espectáculo ofrecido, si nuestros representantes son realmente conscientes de la frustración que produce en el ciudadano observar el desparpajo con el que se ponen de acuerdo para abandonar sus pactos anticorrupción y sus códigos de conducta. Y del riesgo que implica esa frustración acumulada.

El mensaje que transmiten a la ciudadanía tales pactos informales es que los códigos éticos se elaboran y difunden para quedar bien, sin perjuicio de que, cuando se acerquen las elecciones, se aparquen sin rubor. Por cierto, que ya nos gustaría a los ciudadanos que otros acuerdos entre los grandes partidos sobre las cuestiones fundamentales para el país se produjesen con igual rapidez… Pero no, pese a la grave crisis económica e institucional que padecemos, sólo hay un gran consenso (eso sí, sin foto publicitaria) entre los partidos mayoritarios: el que permite la inclusión en las listas electorales o en cargos orgánicos de los partidos a candidatos imputados o incluso sentenciados por prevaricación «si no se han enriquecido personalmente».

No hay riesgo mayor en una democracia que el que la ciudadanía identifique a la clase política de forma creciente como una casta aparte, con intereses muy distintos al de los ciudadanos a los que se supone que representan.

Intereses que van evolucionando, casi insensiblemente, de políticos a partidistas y de partidistas a clientelares y de clientelares a patrimoniales. Los ejemplos son innumerables, pero podemos citar desde el régimen de pensiones e incompatibilidades de los diputados hasta la negativa a rendir cuentas de cualquier tipo (ya sea por regalos, adjudicaciones irregulares, EREs fantasmas) sin mencionar los escándalos de la compra de votos o de las detenciones de gestores públicos en activo.

Todos estos ejemplos ponen de relieve que hay una casta política que está o se cree por encima de las reglas que rigen en la vida del resto de los mortales, donde la mala gestión, los errores y no digamos los delitos pasan factura.

Por tanto, es normal, máxime en un momento de gravísima crisis económica e institucional, que estos privilegios generen un creciente resentimiento. Es probable que esta situación, unida a la cada vez más evidente incapacidad de muchos de nuestros gobernantes y líderes, sea causa directa del creciente desprestigio de nuestros políticos como clase. Que esto es lo que está ocurriendo lo demuestra la creciente preocupación de los españoles con respecto a sus políticos, que reaparece una y otra vez en las encuestas del CIS, y la bajísima puntuación que merecen todos ellos, situación que está erosionando de forma muy grave nuestra todavía joven democracia.

Pero quizá lo más llamativo de todo es la absoluta falta de conciencia de la situación que -salvo excepciones- tiene la propia clase política. No ven lo que vemos todos y lo que dicen las encuestas: que existe una fractura que se está agrandando a pasos agigantados entre ellos, los representantes, y nosotros, los representados. Que dicen y hacen cosas que ya no nos creemos que sean en nombre nuestro, incluso que no queremos que se hagan y se digan en nuestro nombre.

No queremos que se nos diga que da igual que en las listas (o en los cargos orgánicos de los partidos) haya personas imputadas por delitos muy graves, como el cohecho, o hasta condenadas por prevaricación, porque, total, eso no afecta al resultado electoral. Conviene recordar que la prevaricación o el cohecho son delitos contra la Administración Pública, delitos donde se dictan resoluciones arbitrarias o injustas sabiéndolo, o donde se reciben regalos por razón del cargo o a cambio de favores. No estamos dispuestos a oír, cada vez que hay un escándalo que afecta al propio partido, que todo obedece a una conspiración política con la complicidad de instituciones claves del Estado, que se desprestigian de paso sin ningún rubor. Ni tampoco queremos que se invoquen principios éticos y se clame por un endurecimiento de las penas por corrupción y por reformas del Código Penal cuando no se es capaz de expulsar de las listas electorales a candidatos imputados.


Tal como están las cosas es obvio que la pelota está ya en nuestro tejado, y que nos corresponde, por ello, una grave responsabilidad. Puede que si los ciudadanos no decimos de una vez por todas que todo no da igual, que no queremos estas listas, que exigimos responsabilidades y que, en consecuencia, no votamos a partidos que actúen así, lo que nos espere a la vuelta de la esquina sea un salvador que nos prometa redimirnos de esta casta de privilegiados. Y para entonces la cosa ya no tendrá ningún remedio.