Muchos de mis recuerdos de infancia se ubican en la
carretera Hidum, lugar donde viví buena
parte de mi infancia y juventud. Algunos de ellos son de los que se quedan
marcados de manera indeleble. Recuerdo sobre todo algunos rostros de mujer, de
mujer mayor, de mujer rifeña con esos vestidos blancos con tocado en la cabeza,
y esos profundos surcos en el rostro, rastro de tantos años vividos y sufridos por
muchas de ellas trabajando de limpiadoras de portales sin fregona. Recuerdo el
trasiego de niños y jóvenes desaliñados con sus garrafas vacías camino de la
fuente de Trara en el barrio del Príncipe. A algunas de esas personas las he
visto crecer haciendo ese camino. Algunos pudieron despegarse el sello de haber
nacido pobres. Otros, desgraciadamente no. La pobreza ha sido para algunos, una
extraña enfermedad hereditaria. Es más fácil caer en la pobreza si eres mujer o
perteneces a una determinada clase social, nivel cultural, etc..., si tu
situación laboral es precaria o careces de una red familiar o social sólida, si
no dispones de recursos o si no tienes capacidad de “hacerte oir” a través de la
participación como ciudadano, como persona con voz y voto, con derechos a
recibir unas prestaciones o a denunciar determinadas situaciones.
El círculo vicioso de la pobreza es poderoso y a veces hasta
caprichoso. Un día dejas de ser alguien, independientemente de tu apellido o de
tu actual cuenta corriente. La pobreza es una situación que surge como producto
de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del
nivel y calidad de vida de las personas: alimentación, vivienda, educación,
asistencia sanitaria o acceso al agua potable. Por otra parte, la exclusión
social da un paso más allá. Hace referencia a un proceso más amplio y complejo
que acaba dejando al margen de los derechos y bienes a personas y colectivos, y
de esto saben bien muchas familias que viven en los distritos IV y V. Muchas de
ellas, se han visto afectadas por la herencia maldita de la pobreza y/o la
exclusión.
Para entender un poco más el proceso de una parte muy
importante de la población melillense que se afincó en los distritos de los que
estamos hablando estuve buscando información adicional de la que disponía y
pude encontrar un pequeño libro de Fernando Belmonte Montalbán titulado “La ley de extranjería de 1985 y la transformación
del espacio público en la ciudad de Melilla” editado por el Instituto de
las Culturas de Melilla, Colección Ciudadanía Plural. Agradezco y felicito al
Sr. Belmonte por este trabajo y por haberme abierto una ventana a una parte de
la realidad histórica de nuestra ciudad que ha permanecido para los melillense de mi generación en una especie de nebulosa amorfa.
En muchos de los párrafos
de este excelente trabajo se descubren muchas vergüenzas de las que poco a poco
la propia ciudadanía va superando pero que en otros espacios físicos y mentales,
sigue enquistado.
Hoy muchos melillenses seguimos siendo testigos de este
injusto anacronismo de ciudad del que todos los gobiernos que han pasado han sacado
su tajada electoral siendo al fin y a la postre responsables de la situación de
esos barrios. En realidad, desde mi punto de vista, la realidad de Cañada y
Reina Regente es el fruto de décadas de fracaso de las políticas sociales de
las diferentes legislaturas y de un abandono casi institucionalizado y, si no
están de acuerdo con un servidor, les invito a que se documenten con la lectura
de algunos capítulos del libro que he mencionado.
El gobierno Imbroda ha tomado una decisión valiente y responsable.
La que debieron haber tomado otros gobiernos hace décadas. La actitud es de
responsabilidad. Desde mi punto de vista, la iniciativa viene con mucho
retraso, pero no es algo que se le pueda reprochar a este gobierno.
La valiente apuesta del gobierno Imbroda en dar un impulso de
igualdad y justicia social a esos distritos tendrá que ser evaluada para verificar
su eficacia real y no se podrá evaluar en su justa medida si no se plantean
objetivos alcanzables y medidas cuantificables.
En esto va a residir el éxito o el fracaso de la propuesta.
En el punto de partida, en el diseño, en la programación y en la estrategia de
la futura intervención. Estos elementos van a ser clave para que pueda culminar
con éxito esta iniciativa, una iniciativa que no puede desarrollarse a corto
plazo. Una intervención como ésta tendrá que ir más allá de esta legislatura
por lo que es aún más esencial llegar a un consenso institucional para que
pueda fraguarse un proyecto de futuro serio y responsable como es este.
Sin embargo, los primeros anuncios de lo que se pretende
llevar a cabo, dan la impresión de ser muy básicos. Hablar de comisionado, de
transversalidad y de medidas multisectoriales no está mal, pero miren ustedes,
no son propuestas acordes con los tiempos y con los métodos de trabajo de hoy.
Esto por una parte. Y por otra, da mucho miedo pensar que esta apuesta se puede
convertir en otra forma más de luchas partidistas por “controlar” a una parte
de la población.
No me cabe duda de la buena fe y de las ganas de hacer avanzar
socialmente a una parte de la población melillense, pero no vamos a llegar a
ninguna parte si no se llega a un acuerdo y a la firma de un Pacto Local por la
Inclusión, es decir, un acuerdo político que contemple la visión de todos los
partidos para conseguir un compromiso compartido por todas las fuerzas
políticas para hacer de la inclusión un proyecto de ciudad en el que se
comprometa el conjunto de las administraciones y se implique activamente a los
actores sociales, en especial al Tercer Sector. La realización de procesos
participativos que no cuenten con la oposición política corre el riesgo de ver
frenada su continuidad y la aplicación de los acuerdos establecidos, en caso de
producirse un cambio de color político en el gobierno actual.
Definir un modelo social de ciudad permite que ciertos acuerdos
adquiridos sean transversales a los ciclos políticos, pues el modelo de ciudad
debe ser el mismo para todos los colores, de ahí la importancia de definir y
consensuar tal modelo un modelo hoy inexistente.
No debemos olvidar que es obligación de los poderes públicos
garantizar de modo efectivo los derechos fundamentales a todas las personas.
Entre esos derechos se incluye tener una vida digna, lo cual requiere contar con
ingresos y servicios suficientes para poder vivir adecuadamente y una
protección que permita tener una expectativa de vida y la capacidad de tomar decisiones
de modo libre y autónomo y, por desgracia, la pobreza y la exclusión no
solamente la sufren los vecinos de los Distritos IV y V. Podemos nombrar más
zonas de la ciudad afectadas por índices preocupantes de pobreza como el Monte
María Cristina. ¿Qué pasará entonces con esas zonas o con las personas que no
vivan en esos barrios? ¿Tendrán que mudarse a la Cañada para mejorar su calidad
de vida y beneficiarse de medidas extraordinarias? ¿Es del todo justo que el
foco de atención fundamental se centre solamente en esas zonas de la ciudad?
Mi percepción de lo que yo creo que está pasando es que no
sabemos qué modelo de ciudad queremos para el futuro, no tenemos una política
social que se base en el modelo de intervención que incida en la prevención y
en la lucha contra la pobreza y hay una falta de coordinación muy importante.
Hace
escasas semanas podíamos saber de la intención de la Viceconsejería de la Mujer
de poner en marcha un Plan de Inclusión para la Mujer, una iniciativa muy
necesaria pero aislada ya que, por otra parte, la consejera de Bienestar Social
también anunciaba su intención de poner en marcha otro Plan de Inclusión.
Sumando propuestas, nos encontramos con un comisionado, dos planes de inclusión
y no sabría decir cuántos servicios duplicados y abundante presupuesto apuntando hacia un
determinado número de acciones que en
lugar de disparar hacia la misma dirección para buscar eficacia en la
intervención, lo hacen de manera independiente. ¿Eficacia? ¿Ahorro?
¿Rentabilidad?
Los Planes Autonómicos para la Inclusión Social son cada vez
más un elemento definitorio de las políticas sociales en España. Y ello en
paralelo al desarrollo del Método Abierto de Coordinación (MAC) de la Unión
Europea y los Planes Estatales en esta materia. Estos elementos sí son acordes
a los tiempos.
El objetivo de los Planes de Inclusión es responder al reto
que la exclusión social plantea al conjunto de la ciudad, implementando las
políticas necesarias para prevenir y paliar este fenómeno, contribuir a la
consecución de un desarrollo social adecuado y promover la igualdad y la
libertad de todas las personas que viven en Melilla.
El Plan debe articular la política de inclusión social de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y debe convertirse en el instrumento de
coordinación de las distintas áreas municipales que trabajan con población en
riesgo o situación de exclusión, así como de herramienta de comunicación,
colaboración y coordinación con los otros agentes implicados en la inclusión
social en la ciudad de Melilla: las Administraciones Estatal y Autonómica y las
entidades de acción social.
Un Pacto Local por la Inclusión y el Primer Plan de Inclusión
social para Melilla, haciendo especial hincapié en aquellas zonas más
desfavorecidas. Esos son los elementos que, en mi humilde opinión, deberían
plantearse para su análisis como herramientas para el cambio. Como botón de
muestra, el Ayuntamiento de Málaga viene trabajando de esta manera desde hace
cuatro años con unos resultados muy positivos. Ellos van avanzando hacia su V
Plan de Inclusión. La Ciudad Autónoma tiene acuerdos con la vecina capital
andaluza para otros temas ¿Por qué no en materia de Servicios Sociales?
¿Por qué no nos podemos poner al día en todas estas
cuestiones y dejamos las ideas, mejores o peores, para otros? En una ciudad
como la nuestra en los que los índices de pobreza están a la cabeza del resto
de comunidades autónomas, tenemos la obligación y la urgencia de ir a la
vanguardia en asuntos tan importantes como la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Debería ser una prioridad para la Ciudad Autónoma ponerse al día en
estas cuestiones y revisar, por ejemplo, el Reglamento Regulador de Medidas
para la Inclusión Social de Melilla (BOME NUM 3907) ya que data del año 2002.
Estoy convencido de que es necesario en este momento hacer
una reflexión sobre los logros y las limitaciones de lo hecho hasta ahora en
política social, y dar un paso cualitativo y operativo hacia el desarrollo de
una política social acorde a la nueva estrategia europea 2020 en torno a un Pacto
Local por la Inclusión y al Primer Plan de Inclusión Social de la Ciudad
Autónoma de Melilla sumando esfuerzos junto con las ong´s de acción social, la
administración local, la estatal y el conjunto de actores sociales de nuestra
ciudad para disminuir los altos índices de pobreza. Creo que avanzaríamos mucho
más seguros y decididos que no con otras ideas, con muy buenas intenciones,
pero fuera de la órbita y de las experiencias de trabajo del resto del Estado y
de la propia Unión Europea.
