PENSANDO EN CLAVE DE CIUDADANÍA ACTIVA

Hoy me he llevado una grata sorpresa al descubrir en la página de facebook que promueve la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Cañada, una propuesta relacionada con la puesta en marcha de Consejos de Barrio, o lo que es lo mismo, una propuesta de Participación Ciudadana.

Algunos vecinos de este histórico barrio están reflexionando sobre sus derechos de ciudadanía y sobre la necesidad real y efectiva de crear cauces de participación ciudadana que sirvan de canal de comunicación y participación con la administración para implicarse en la mejora de la calidad de vida de la barriada.

II ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN

II Encuentro de Participación de Personas en Situación de Riesgo y Exclusión Social

"PARTICIPACCIÓN"

A propósito de la participación. La gente se empieza a movilizar.

BANDERAS CON Q DE CALIDAD TURÍSTICA

Ya ondean en nuestras playas las banderas " Q " de Calidad Turística.

Sin comentarios.

ANOREXIA DEMOCRÁTICA

Gane el partido que gane en estas próximas elecciones, por favor, no nos tomen el pelo. La legitimidad de las urnas no otorga patente de corso. La legitimidad emanada de las urnas no es un aval permanente, ilimitado, que permite ejercer una suerte de despotismo “democrático” (muchas veces escasamente ilustrado). Den ejemplo y pasen de la democracia representativa a la participativa.

El derecho a la participación ciudadana se recoge en todos los instrumentos de bases legales, tanto en los documentos y compromisos de organizaciones internacionales, como en los de la Unión Europea, y en los nacionales y de las Comunidades Autónomas. Si bien es un derecho que al no desarrollarse en reglamentos, puede quedar anulado en la práctica, así ocurre en la realidad en nuestra ciudad. Ya en 1998 se publica el Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la UE, estableciendo cuatro objetivos, uno de ellos «contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana».

En 1999 el Comité de las Regiones aprueba un dictamen sobre ese Marco de actuación, lo valora positivamente y respecto al objetivo cuatro puntualiza que «se deberían realizar trabajos a nivel europeo para hallar formas eficaces de hacer participar a todos los sectores de las comunidades locales y a las personas social y económicamente excluidas» (COMITÉ DE LAS REGIONES, 1998) De igual modo incide en el interés de la práctica y difusión de experiencias de grupos y tribunales de ciudadanos, foros cívicos y sistemas de indicadores.

Por su parte las autoridades locales europeas unidas desde 1994 en la Campaña Europea de Ciudades y Municipios sostenibles han resaltado la participación ciudadana en los diferentes documentos que recogen el proceso de creación de las Agendas Locales 21. En la Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg), de 1994, exponen: I.13 El papel de los ciudadanos y la participación de la comunidad. «Garantizaremos el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones».

En la conferencia de Lisboa en 1996, se realiza el documento El Plan de Actuación, Lisboa. «de la Carta a la Acción», donde se habla de crear un forum de representantes de todos los sectores de la comunidad para la elaboración de las Agendas Locales, de la que por cierto, de la Agenda Local de Melilla, nunca más se supo. Otra pantomima más que serviría en su día para justificar alguna inyección económica del Ministerio de Medio Ambiente a la Ciudad.

Pero ¿Cómo articula la Ciudad Autónoma la práctica real de la participación ciudadana? La respuesta podría ser sencilla: Creando estructuras tales como la Viceconsejería de Participación Ciudadana. Pero no nos equivoquemos ya que al no desarrollarse reglamento alguno, queda anulado en la práctica y al no haber una sociedad civil exigente de sus derechos, la Administración Local se inhibe. De nada sirve una estructura para la participación como la Viceconsejería de Participación Ciudadana si no existen canales reales para su ejercicio o si no se establece un sistema que permita garantizarlo. A esto, yo lo llamaría propaganda y derroche en el gasto público, por no perder el decoro. Si con mis impuestos estoy manteniendo una estructura administrativa, exijo que se trabaje con honestidad y no se haga de la participación un sayo de nadie.

Cuando desde la clase política de esta ciudad se habla de participación, se refieren a otras cosas muy diferentes a la participación real, como la legitimación de sus propuestas porque se ha informado al público, o sobre la realización de algún sondeo de opinión, encuesta, etc. La equivocación es de órdago.

La clase política melillense se olvida que la condición esencial para que la participación sea real se tiene que facilitar la intervención de todos los agentes implicados en todas las fases del proceso: identificación de problemas, determinación de prioridades, definición de objetivos, intervención en el diseño y gestión de soluciones; asegurando que en todo momento la relación entre los diferentes actores sea igualitaria por que, desde mi punto de vista, lo más importante en una ciudad tan pequeña y a la vez tan compleja como la nuestra, es cómo se hacen las cosas, las relaciones y el empoderamiento de la propia sociedad que se produce por el camino de: aprender a trabajar en grupo, escuchar las opiniones de los demás, construir entre todos y todas las propuestas, establecer mecanismos de toma de decisiones para participar en igualdad, reconocer el derecho a decidir y luchar por ello, en definitiva formar parte de una ciudadanía activa.

La participación corresponde a una cultura, a una manera de vivir en democracia. Se trata de una forma de entender cómo debemos afrontar los problemas, no de un procedimiento o una metodología que se puede simplemente estandarizar. Ha de ser dinamizada e interiorizada y en esto, la administración local melillense tiene un capítulo pendiente y totalmente abandonado.


La participación se concreta de diversas maneras. Una de ella es la generación de espacios para al diálogo de los que hoy adolece nuestra ciudad, tanto desde el plano político como desde el social. Sólo ha que observar la nula actividad, alguno de ellos desde hace años, de los Consejos Sectoriales existentes, única vía, hoy muerta, de participación en los asuntos públicos y la clamorosa inexistencia del Consejo Económico y Social, ejemplo paradigmático que evidencia el diagnóstico de “Anorexia Democrática” en Melilla. La participación no anula el conflicto. No es el remedio universal a los problemas ciudadanos, pero es el camino más eficaz para toma de decisiones que afectan a la ciudadanía.

Gobierne quien gobierne en la próxima legislatura, debe analizar la necesidad de desarrollar la participación ciudadana, porque sin ella, es muy difícil gobernar, sea cual sea el campo de que se trate. La participación ayuda a tomar las decisiones que mejor se ajustan a los intereses de los ciudadanos. La participación es una forma de crear capital social, de educar a la ciudadanía y crear la conciencia comunitaria melillense. Este es el capítulo pendiente de los que nos gobernaron, los que nos gobiernan y los que nos gobernarán y a la vez se torna en la auténtica prueba, según mi opinión, y la única manera que tiene la Ciudad Autónoma de justificar frente a los ciudadanos los esfuerzos que puedan hacer desde el gobierno representativo que salga de las urnas: si la participación avalará la gestión de los gobernantes. Así como un motor transmite movimiento a través de una polea para que gire una rueda, las acciones de los representantes deberían girar en el sentido de la voluntad de la gente y no precisamente cada cuatro años.

DE LOS PACTOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN

Comienzo esta reflexión afirmando rotundamente que nunca ha cuajado ningún pacto de ciudad, entendiendo como tal el acuerdo o acuerdos tomados por los distintos grupos políticos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales que pudiera servir para la superación de algún obstáculo serio que se interponga en el desarrollo de nuestra ciudad como puede ser el desempleo, la pobreza y exclusión social, o el altísimo índice de abandono y fracaso escolar.

Para muestra, un ejemplo. Tomando en cuenta la pérdida de eficacia de las medidas tradicionales de lucha contra el paro, la Comisión Europea puso en marcha el año 1998 una iniciativa que pretendía descentralizar las políticas activas en el mercado de trabajo y promover la cooperación de todos los socios interesados en la creación de empleo en un territorio determinado.

Por aquel entonces, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y las principales organizaciones sociales como la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) firmaron el 15 de enero de 1988 el Pacto Territorial por el Empleo, un acuerdo de ciudad que ofrecía un marco en el que podría haberse desplegado una estrategia colectiva de desarrollo territorial integrada por distintos elementos como la promoción de nuevas medidas generadoras de empleo y la innovación tecnológica, la mejora de los niveles de

educación y de formación, así como de calidad y  eficacia de las infraestructuras.

El Pacto Territorial Por el Empleo lo dejaron desangrarse hasta desaparecer. La hemorragia mortal vino dada por la ausencia de interés, el desencuentro, y la negación por parte de alguno o varios de los socios de llegar a consensos. Las mismas actitudes que reproducen una y otra vez los que nos representan en la asamblea de la ciudad. Lo vemos en cada Pleno ¿Cómo vamos a avanzar entre desplantes, descalificaciones, desencuentros, insinuaciones y entre ausencia de mesas de diálogo y de consenso? ¿Hacia dónde van a llevar a Melilla con esta forma de gobierno o mejor dicho, de desgobierno?

En plena campaña electoral aparecen propuestas sorprendentes, desde mi punto de vista, como la creación de una fundación para el desarrollo de los distritos IV y V. Sin entrar a valorar en profundidad esta propuesta por no conocerla en detalle, me parece a priori electoralista. ¿Por qué se retoma precisamente ahora una intervención tan localizada? ¿Por qué no dejaron por aquél entonces que se desarrollara con normalidad el Plan de Atención a Zonas Muy Desfavorecidas que el Pacto Territorial por el Empleo había diseñado y consensuado con los agentes sociales y la Ciudad precisamente para normalizar y mejorrar la vida de los habitantes de estos barrios? ¿Qué ocurre con el resto de zonas de la ciudad con serias deficiencias como por ejemplo el monte María Cristina? Sorprende que en una ciudad tan pequeña con un presupuesto tan alto se tengan que inventar cosas como fundaciones para abordar medidas que la propia Ciudad debería desarrollar a través de sus servicios sociales máxime cuando ya llevan en marcha durante varios años en el estado y en el resto de comunidades autónomas los Planes de Inclusión Social.

En mi opinión y en la de cada vez más ciudadanos, necesitamos con urgencia rectificar el modelo de participación y el de “hacer ciudad”. La urgencia es doble. Por una parte, es urgente la normalización de la vida política en términos de respeto y diálogo dejando a un lado las cuestiones personales y las descalificaciones. Y por otra parte, la urgencia tiene que ver directamente con el tema de la participación: o implicamos correcta y paulatinamente a los agentes sociales y económicos y a la propia ciudadanía en un papel de corresponsabilidad en los grandes déficits de nuestra ciudad y en la gestión de los asuntos públicos, o los protagonismos, los individualismos, los territorialismos, los más diferentes corporativismos, llevarán inevitablemente a la insostenibilidad. Pero para ello, la administración local tiene que garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos. De nada sirve proclamar o declarar el derecho sino existen canales para su ejercicio o si no se establece un sistema que permita garantizarlo y reponer su posible vulneración.

Más que promesas y proyectos,  Melilla necesita un Pacto de Ciudad.