España es uno de los países con los niveles de participación política y social más bajos de Europa. La pasividad activa de los españoles se debe a que existen altos niveles de escepticismo y puntos de vista críticos sobre la política, el proceso democrático representativo, sus instituciones y sus representantes políticos. Una de las causas que explica la desafección hacia la política de los españoles tiene que ver con la indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía. Cada vez creemos menos en esta clase política instalada en la gran torre de los privilegios y los desmanes. La desconfianza generada es el fruto de demasiados escándalos en un momento en el que, además, las personas más afectadas por la crisis económica (que son aquellas que no la provocaron) son las que la están pagando.
El resultado de todo ello es la desafección política o la creciente desconfianza y distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes. Para ilustrar esta actitud generalizada en la sociedad española nos encontramos con la caracterización de la clase política por parte de la opinión pública como uno de los principales problemas del país. Consultando el barómetro del CIS de diciembre de 2012, casi uno de cada tres españoles identifica a los políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España. Un año atrás, esa misma valoración se daba en uno de cada cinco ciudadanos.
Esa desconfianza se dirige principalmente hacia los líderes políticos. Así, en los últimos meses, según encuestas de Metroscopia, en torno a un 80% de la población no confía en la gestión pública de Rajoy y otro 80% -de composición distinta al anterior- no confía en Rubalcaba, como jefe de la oposición; la clase política aparece como problema (el tercero, tras el paro y los problemas económicos), no como solución. En el último barómetro de Metroscopia, publicado el pasado 13 de enero, el 74% de la población desaprueba la gestión de Rajoy como presidente de Gobierno y al 84% le inspira poca o ninguna confianza. En el caso de Rubalcaba alcanza el 81% de desaprobación y el 91% de desconfianza. Además, el 88% (85% de votantes del PP y el 93% de votantes del PSOE) afirma que los políticos actuales están más preocupados por sus propios problemas e intereses que por resolver los de nuestra sociedad, y el 81% (73% del PP y 86% del PSOE) dice que los políticos actuales crean problemas en lugar de resolverlos. Y el 95% (95% del PP y 96% del PSOE) cree que los partidos tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles.
La desafección política es un problema grave y lo será más aún si se convierte en un elemento estructural de la sociedad española. Tal y como está el panorama (estatal y local) creo que no hay muchos motivos para creer en una recuperación temprana de la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes.
Pero ¿cómo piensan los melillenses? ¿Sabemos algo de su grado de desafección? ¿Están cambiando las tendencias o las actitudes de ciertos sectores? ¿Están preocupados realmente por lo que está pasando en su ciudad al respecto de los que nos gobiernan (oposición incluida)?
Más allá de las redes sociales, los melillenses no encuentran cauces que les permitan ejercer su derecho a la participación ciudadana. Más al contrario, tiendo a pensar que la desconfianza hacia la clase política no es sinónimo de pasotismo, como en ocasiones se puede interpretar, sino de ciudadanos más críticos y exigentes con el sistema.
Entre las causas (más allá de la persistencia de la propia crisis y del profundo sentimiento de injusticia social) que han conducido al “enquistamiento” del problema del descontento político, se halla la falta de reacción de la clase política. En el caso de la ciudad de Melilla se hace evidente. No parece que haya ninguna intención (seria) de incorporar las demandas de una mayor participación política y de cambio del rumbo seguido como podría ser la articulación de espacios de participación ciudadana que facilitasen el acceso a la ciudadanía que quiere ejercer ese derecho (ciudadanos, asociaciones, plataformas, etc).
Parece que en nuestra ciudad, como en el resto del país, se ha instaurado el “yo gano las elecciones y hago lo que me da la gana. Ustedes, ciudadanos, ya opinarán en las próximas elecciones”, o “no hace falta más participación. La gente ya participó en las urnas y ahora se trata de mantener el poder hasta la siguiente convocatoria electoral. Por tanto “…no me compliquéis la vida, ni me revolucionéis el gallinero”.
¿Hasta qué punto intentan callar las administraciones públicas y los Gobiernos a los ciudadanos? ¿Está la sociedad española articulada para protestar? ¿Y la melillense?.
De momento, la administración local (a excepción de la Viceconsejería de la Mujer) cierra ventanas y puertas en torno al desarrollo de medidas que promuevan la comunicación y la participación ciudadana más allá del derecho a la información. Por lo tanto, lo pertinente y necesario es reclamar a la administración local los medios adecuados para “facilitar” el ejercicio del derecho de participación ciudadana, y corresponde, por mandato constitucional, a los poderes públicos la búsqueda de esos medios. Esta sería la primera medida que tendría que tomar el gobierno y la oposición de nuestra ciudad si estuvieran realmente preocupados por la desafección política de sus ciudadanos.
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