Participación Ciudadana

domingo, 15 de junio de 2014

LA POBREZA INFANTIL ANTE LA POLÍTICA SOCIAL MELILLENSE


Los presupuestos que el gobierno local destina a la política social dejan entrever la necesidad de establecer una estrategia contra la pobreza sin la cual no se conseguirán eliminar las heridas que se están abriendo en nuestra ciudad.



El pasado lunes conocimos a través de los medios de comunicación local la intención del área de bienestar social de combatir la pobreza infantil que alcanza ya al 43% de la población infantil melillense.


Mientras tanto, el jueves de la misma semana, conocíamos que la campaña de desayunos escolares que Cruz Roja desarrolló durante el curso escolar 2013-2014 ha llegado a 326 niños de familias que están atravesando momentos de dificultad económica.


Melilla es una ciudad con uno de los índices de pobrea infantil más elevados del todo nuestro país y sin embargo, esta triste y lamentable realidad permanece prácticamente invisible en el discurso político, social o mediático de nuestra ciudad.



A pesar del aumento más que necesario del 2,46% en los presupuestos generales de la Ciudad previsto para Bienestar Social con respecto al ejercicio anterior, se pone de manifiesto la alarmante situación por la que están pasando miles de familias melillenses siendo la infancia el sector poblacional que más está sufriendo este retroceso en derechos.

El aumento en 200.000€ de la partida presupuestaria destinada a los comedores sociales, así lo atestigua llegando esta prestación a la no desdeñable cifra de 1,2 millones de euros.

Las administraciones públicas deben adaptarse a las situaciones de la ciudadanía que en cada momento se produzcan. Sin embargo, el gobierno local ha destinado un presupuesto para el área que más debe proteger nuestros derechos que, aun siendo positivo su incremento para salvaguardar las necesidades básicas de los melillenses que más lo necesitan, si entramos en su análisis, más allá de las cifras, estimo que no es tan positiva como pudiera parecer a priori ya que lo que se puede observar es que se caracterizan por el continuismo en las políticas sociales que están insertas en el Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social. Esta medida data del año 2002, y fue reformado en el año 2009 para el aumento de la partida presupuestaria del Ingreso Melillense de Integración. En 2012 fue revisado para la modificación de las condiciones de acceso al IMI y en relación al programa de Alojamiento Temporal Alternativo, incorporando nuevos programas de prevención y de inclusión activa.

Por lo tanto, estas políticas sociales tuvieron su espacio y su tiempo y se idearon para una situación social distinta a la de hoy en día.

La administración local tiene la obligatoriedad en este momento más que nunca, de potenciar determinadas partidas presupuestarias pero también de nuevas políticas que luchen contra las dificultades que muchas familias melillenses sufren en la actualidad. Nuevos tiempos como los actuales marcados por la crisis y por los numerosos recortes económicos y en derechos, necesitan de una estrategia clara que tenga como base el diálogo, el consenso y la participación activa de todos los actores que tengan que ver con la lucha contra la pobreza.

Son necesarias nuevas políticas que incidan y sean capaces de desarrollar una estrategia contra la pobreza y la exclusión social. Éste ha sido el mensaje que lleva trasladando, por ejemplo, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla (siglas en inglés de European Antipoverty Network) EAPN Melilla desde el año 2010 tanto a la sociedad en general como a la administración local en particular: La necesidad de articular el Primer Plan de Inclusión en el que se preste especial atención a: la erradicación de la pobreza severa, especialmente la infantil, la consolidación de las rentas mínimas, la lucha contra la exclusión educativa y la mejora de la protección social a través de la formación y el acceso al mercado de trabajo.
Otro elemento en el que insiste esta red de entidades sociales melillenses es en la necesaria apuesta por otro elemento fundamental dentro de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en Melilla que, junto al Primer Plan de Inclusión, tendría que sostener un acuerdo político sin precedentes a la que ellos denominan el Pacto Local por la Inclusión, es decir, un acuerdo político que contemple la visión de todos los partidos para conseguir un compromiso compartido por todas las fuerzas políticas para hacer de la inclusión un proyecto de ciudad en el que se comprometa el conjunto de la administración y se implique activamente a los actores sociales, en especial al Tercer Sector, reforzando así su papel de agente social.

Este Pacto Local, que ha de ser liderado por la Administración Local, requiere, evidentemente, de un amplio nivel de consenso social y político y tiene que perseguir, como objetivo fundamental, conseguir un modelo de desarrollo local en el que se inviertan los datos de pobreza y exclusión social actuales, que son uno de los más altos de todo el estado.

De esta manera se podría definir un modelo social de ciudad que permitiera que ciertos acuerdos adquiridos fueran transversales a los ciclos políticos, pues el modelo de ciudad debe ser el mismo para todos los colores, de ahí la importancia de definir y consensuar tal modelo. Eso sí sería pensar a largo plazo en el modelo de ciudad que queremos. A esa forma de entender la política se denomina Gobernanza, una práctica en desuso por el gobierno local.

Y digo una práctica en desuso por que, por poner un ejemplo, al parecer, al ejecutivo local no le interesa lo más mínimo atender las propuestas que se han venido haciendo desde EAPN.

El silencio y el tiempo transcurrido así lo atestiguan. Mientras tanto, los índices de pobreza crecen, las necesidades aumentan y la desigualdad en nuestra ciudad gana terreno. Resulta absolutamente anómala la actitud que mantiene el gobierno local con esta red de entidades sociales a la que ha decidido excluir de cualquier espacio de diálogo y participación cuando en el resto del estado la implicación de las entidades sociales que están implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión con la administración es considerado de carácter absolutamente estratégico y necesario.

El gobierno local ha incrementado el presupuesto para ayudas de emergencia social pero hay que tener presente por qué se ha visto obligado a ello y analizar qué porcentaje del presupuesto de Bienestar Social se dedica a cubrir las necesidades básicas de las personas (por ejemplo a dar de comer a las familias más necesitadas) con respecto al presupuesto total de éste área para darnos cuenta de la dimensión de la situación social por la que atraviesa nuestra ciudad.

Este dato no deja de ser un farolillo rojo, un aviso o un indicador para la Ciudad Autónoma en particular y para el resto de agentes políticos y sociales porque es consecuencia de periodos de crisis más o menos duraderos pero también de políticas que no están funcionando.

¿No sería más beneficioso que pensáramos en lo que hay detrás de estas ayudas y apostásemos por crear derechos como la Renta Básica en lugar de estos apoyos puntuales que, aunque esenciales para muchos ciudadanos, son pan para hoy y hambre para mañana?

Por todo ello y ojalá me equivoque, entiendo que sin una estrategia clara y sin contar con todos los actores implicados, incluídas las personas afectadas, no se podrá ganar la batalla a la pobreza ni siquiera avanzar hacia una reducción significativa de los porcentajes de pobreza.

Estos presupuestos no conseguirán eliminar las heridas sociales que en muchos casos llevan demasiado tiempo abiertas y en otras, se están formando. No se conseguirá reducir notablemente los índices de pobreza y exclusión en nuestra ciudad únicamente incrementando la inversión en comedores sociales y en ayudas de emergencia que, aunque como ya he dicho, considero esenciales.

Solo con el continuismo y siendo poco ambiciosos ante la dura situación social que debe afrontar el actual gobierno local y los que vengan después, no se conseguirá reducir notablemente los porcentajes tan elevados de pobreza y exclusión social en nuestra ciudad. Ayudar a los más desfavorecidos promoviendo una estrategia contra la pobreza, desarrollando políticas de derechos sociales y puestos de trabajo dignos (dando un paso más allá de los planes de empleo) deberían haber sido los ejes sobre los que pivotaran los presupuestos generales de la ciudad para el 2014.

Desafortunadamente, no ha sido así. Confiemos que en el próximo ejercicio estos argumentos se tengan en cuenta por el bien de muchas familias y del futuro de la ciudad.

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