Comienzo esta reflexión afirmando rotundamente que nunca ha cuajado ningún pacto de ciudad, entendiendo como tal el acuerdo o acuerdos tomados por los distintos grupos políticos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales que pudiera servir para la superación de algún obstáculo serio que se interponga en el desarrollo de nuestra ciudad como puede ser el desempleo, la pobreza y exclusión social, o el altísimo índice de abandono y fracaso escolar.
Para muestra, un ejemplo. Tomando en cuenta la pérdida de eficacia de las medidas tradicionales de lucha contra el paro, la Comisión Europea puso en marcha el año 1998 una iniciativa que pretendía descentralizar las políticas activas en el mercado de trabajo y promover la cooperación de todos los socios interesados en la creación de empleo en un territorio determinado.
Por aquel entonces, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y las principales organizaciones sociales como la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) firmaron el 15 de enero de 1988 el Pacto Territorial por el Empleo, un acuerdo de ciudad que ofrecía un marco en el que podría haberse desplegado una estrategia colectiva de desarrollo territorial integrada por distintos elementos como la promoción de nuevas medidas generadoras de empleo y la innovación tecnológica, la mejora de los niveles de
educación y de formación, así como de calidad y eficacia de las infraestructuras.
El Pacto Territorial Por el Empleo lo dejaron desangrarse hasta desaparecer. La hemorragia mortal vino dada por la ausencia de interés, el desencuentro, y la negación por parte de alguno o varios de los socios de llegar a consensos. Las mismas actitudes que reproducen una y otra vez los que nos representan en la asamblea de la ciudad. Lo vemos en cada Pleno ¿Cómo vamos a avanzar entre desplantes, descalificaciones, desencuentros, insinuaciones y entre ausencia de mesas de diálogo y de consenso? ¿Hacia dónde van a llevar a Melilla con esta forma de gobierno o mejor dicho, de desgobierno?
En plena campaña electoral aparecen propuestas sorprendentes, desde mi punto de vista, como la creación de una fundación para el desarrollo de los distritos IV y V. Sin entrar a valorar en profundidad esta propuesta por no conocerla en detalle, me parece a priori electoralista. ¿Por qué se retoma precisamente ahora una intervención tan localizada? ¿Por qué no dejaron por aquél entonces que se desarrollara con normalidad el Plan de Atención a Zonas Muy Desfavorecidas que el Pacto Territorial por el Empleo había diseñado y consensuado con los agentes sociales y la Ciudad precisamente para normalizar y mejorrar la vida de los habitantes de estos barrios? ¿Qué ocurre con el resto de zonas de la ciudad con serias deficiencias como por ejemplo el monte María Cristina? Sorprende que en una ciudad tan pequeña con un presupuesto tan alto se tengan que inventar cosas como fundaciones para abordar medidas que la propia Ciudad debería desarrollar a través de sus servicios sociales máxime cuando ya llevan en marcha durante varios años en el estado y en el resto de comunidades autónomas los Planes de Inclusión Social.
En mi opinión y en la de cada vez más ciudadanos, necesitamos con urgencia rectificar el modelo de participación y el de “hacer ciudad”. La urgencia es doble. Por una parte, es urgente la normalización de la vida política en términos de respeto y diálogo dejando a un lado las cuestiones personales y las descalificaciones. Y por otra parte, la urgencia tiene que ver directamente con el tema de la participación: o implicamos correcta y paulatinamente a los agentes sociales y económicos y a la propia ciudadanía en un papel de corresponsabilidad en los grandes déficits de nuestra ciudad y en la gestión de los asuntos públicos, o los protagonismos, los individualismos, los territorialismos, los más diferentes corporativismos, llevarán inevitablemente a la insostenibilidad. Pero para ello, la administración local tiene que garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos. De nada sirve proclamar o declarar el derecho sino existen canales para su ejercicio o si no se establece un sistema que permita garantizarlo y reponer su posible vulneración.
Más que promesas y proyectos, Melilla necesita un Pacto de Ciudad.
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