Participación Ciudadana

miércoles, 12 de octubre de 2011

CAÑADA, REINA REGENTE Y EL COMISIONADO PARA COMBATIR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN












Muchos de mis recuerdos de infancia se ubican en la carretera  Hidum, lugar donde viví buena parte de mi infancia y juventud. Algunos de ellos son de los que se quedan marcados de manera indeleble. Recuerdo sobre todo algunos rostros de mujer, de mujer mayor, de mujer rifeña con esos vestidos blancos con tocado en la cabeza, y esos profundos surcos en el rostro, rastro de tantos años vividos y sufridos por muchas de ellas trabajando de limpiadoras de portales sin fregona. Recuerdo el trasiego de niños y jóvenes desaliñados con sus garrafas vacías camino de la fuente de Trara en el barrio del Príncipe. A algunas de esas personas las he visto crecer haciendo ese camino. Algunos pudieron despegarse el sello de haber nacido pobres. Otros, desgraciadamente no. La pobreza ha sido para algunos, una extraña enfermedad hereditaria. Es más fácil caer en la pobreza si eres mujer o perteneces a una determinada clase social, nivel cultural, etc..., si tu situación laboral es precaria o careces de una red familiar o social sólida, si no dispones de recursos o si no tienes capacidad de “hacerte oir” a través de la participación como ciudadano, como persona con voz y voto, con derechos a recibir unas prestaciones o a denunciar determinadas situaciones.



El círculo vicioso de la pobreza es poderoso y a veces hasta caprichoso. Un día dejas de ser alguien, independientemente de tu apellido o de tu actual cuenta corriente. La pobreza es una situación que surge como producto de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas: alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria o acceso al agua potable. Por otra parte, la exclusión social da un paso más allá. Hace referencia a un proceso más amplio y complejo que acaba dejando al margen de los derechos y bienes a personas y colectivos, y de esto saben bien muchas familias que viven en los distritos IV y V. Muchas de ellas, se han visto afectadas por la herencia maldita de la pobreza y/o la exclusión.

Para entender un poco más el proceso de una parte muy importante de la población melillense que se afincó en los distritos de los que estamos hablando estuve buscando información adicional de la que disponía y pude encontrar un pequeño libro de Fernando Belmonte Montalbán titulado “La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad de Melilla” editado por el Instituto de las Culturas de Melilla, Colección Ciudadanía Plural. Agradezco y felicito al Sr. Belmonte por este trabajo y por haberme abierto una ventana a una parte de la realidad histórica de nuestra ciudad que ha permanecido para los melillense de mi generación en una especie de nebulosa amorfa.

En muchos de los párrafos de este excelente trabajo se descubren muchas vergüenzas de las que poco a poco la propia ciudadanía va superando pero que en otros espacios físicos y mentales, sigue enquistado.

 Hoy muchos melillenses seguimos siendo testigos de este injusto anacronismo de ciudad del que todos los gobiernos que han pasado han sacado su tajada electoral siendo al fin y a la postre responsables de la situación de esos barrios. En realidad, desde mi punto de vista, la realidad de Cañada y Reina Regente es el fruto de décadas de fracaso de las políticas sociales de las diferentes legislaturas y de un abandono casi institucionalizado y, si no están de acuerdo con un servidor, les invito a que se documenten con la lectura de algunos capítulos del libro que he mencionado.
El gobierno Imbroda ha tomado una decisión valiente y responsable. La que debieron haber tomado otros gobiernos hace décadas. La actitud es de responsabilidad. Desde mi punto de vista, la iniciativa viene con mucho retraso, pero no es algo que se le pueda reprochar a este gobierno.
La valiente apuesta del gobierno Imbroda en dar un impulso de igualdad y justicia social a esos distritos tendrá que ser evaluada para verificar su eficacia real y no se podrá evaluar en su justa medida si no se plantean objetivos alcanzables y medidas cuantificables.
En esto va a residir el éxito o el fracaso de la propuesta. En el punto de partida, en el diseño, en la programación y en la estrategia de la futura intervención. Estos elementos van a ser clave para que pueda culminar con éxito esta iniciativa, una iniciativa que no puede desarrollarse a corto plazo. Una intervención como ésta tendrá que ir más allá de esta legislatura por lo que es aún más esencial llegar a un consenso institucional para que pueda fraguarse un proyecto de futuro serio y responsable como es este.

Sin embargo, los primeros anuncios de lo que se pretende llevar a cabo, dan la impresión de ser muy básicos. Hablar de comisionado, de transversalidad y de medidas multisectoriales no está mal, pero miren ustedes, no son propuestas acordes con los tiempos y con los métodos de trabajo de hoy. Esto por una parte. Y por otra, da mucho miedo pensar que esta apuesta se puede convertir en otra forma más de luchas partidistas por “controlar” a una parte de la población.




No me cabe duda de la buena fe y de las ganas de hacer avanzar socialmente a una parte de la población melillense, pero no vamos a llegar a ninguna parte si no se llega a un acuerdo y a la firma de un Pacto Local por la Inclusión, es decir, un acuerdo político que contemple la visión de todos los partidos para conseguir un compromiso compartido por todas las fuerzas políticas para hacer de la inclusión un proyecto de ciudad en el que se comprometa el conjunto de las administraciones y se implique activamente a los actores sociales, en especial al Tercer Sector. La realización de procesos participativos que no cuenten con la oposición política corre el riesgo de ver frenada su continuidad y la aplicación de los acuerdos establecidos, en caso de producirse un cambio de color político en el gobierno actual.
Definir un modelo social de ciudad permite que ciertos acuerdos adquiridos sean transversales a los ciclos políticos, pues el modelo de ciudad debe ser el mismo para todos los colores, de ahí la importancia de definir y consensuar tal modelo un modelo hoy inexistente.

No debemos olvidar que es obligación de los poderes públicos garantizar de modo efectivo los derechos fundamentales a todas las personas. Entre esos derechos se incluye tener una vida digna, lo cual requiere contar con ingresos y servicios suficientes para poder vivir adecuadamente y una protección que permita tener una expectativa de vida y la capacidad de tomar decisiones de modo libre y autónomo y, por desgracia, la pobreza y la exclusión no solamente la sufren los vecinos de los Distritos IV y V. Podemos nombrar más zonas de la ciudad afectadas por índices preocupantes de pobreza como el Monte María Cristina. ¿Qué pasará entonces con esas zonas o con las personas que no vivan en esos barrios? ¿Tendrán que mudarse a la Cañada para mejorar su calidad de vida y beneficiarse de medidas extraordinarias? ¿Es del todo justo que el foco de atención fundamental se centre solamente en esas zonas de la ciudad?


Mi percepción de lo que yo creo que está pasando es que no sabemos qué modelo de ciudad queremos para el futuro, no tenemos una política social que se base en el modelo de intervención que incida en la prevención y en la lucha contra la pobreza y hay una falta de coordinación muy importante.


Hace escasas semanas podíamos saber de la intención de la Viceconsejería de la Mujer de poner en marcha un Plan de Inclusión para la Mujer, una iniciativa muy necesaria pero aislada ya que, por otra parte, la consejera de Bienestar Social también anunciaba su intención de poner en marcha otro Plan de Inclusión. Sumando propuestas, nos encontramos con un comisionado, dos planes de inclusión y no sabría decir cuántos servicios duplicados  y abundante presupuesto apuntando hacia un determinado número de  acciones que en lugar de disparar hacia la misma dirección para buscar eficacia en la intervención, lo hacen de manera independiente. ¿Eficacia? ¿Ahorro? ¿Rentabilidad?
Los Planes Autonómicos para la Inclusión Social son cada vez más un elemento definitorio de las políticas sociales en España. Y ello en paralelo al desarrollo del Método Abierto de Coordinación (MAC) de la Unión Europea y los Planes Estatales en esta materia. Estos elementos sí son acordes a los tiempos.
El objetivo de los Planes de Inclusión es responder al reto que la exclusión social plantea al conjunto de la ciudad, implementando las políticas necesarias para prevenir y paliar este fenómeno, contribuir a la consecución de un desarrollo social adecuado y promover la igualdad y la libertad de todas las personas que viven en Melilla.

El Plan debe articular la política de inclusión social de la Ciudad Autónoma de Melilla, y debe convertirse en el instrumento de coordinación de las distintas áreas municipales que trabajan con población en riesgo o situación de exclusión, así como de herramienta de comunicación, colaboración y coordinación con los otros agentes implicados en la inclusión social en la ciudad de Melilla: las Administraciones Estatal y Autonómica y las entidades de acción social.


Un Pacto Local por la Inclusión y el Primer Plan de Inclusión social para Melilla, haciendo especial hincapié en aquellas zonas más desfavorecidas. Esos son los elementos que, en mi humilde opinión, deberían plantearse para su análisis como herramientas para el cambio. Como botón de muestra, el Ayuntamiento de Málaga viene trabajando de esta manera desde hace cuatro años con unos resultados muy positivos. Ellos van avanzando hacia su V Plan de Inclusión. La Ciudad Autónoma tiene acuerdos con la vecina capital andaluza para otros temas ¿Por qué no en materia de Servicios Sociales?
¿Por qué no nos podemos poner al día en todas estas cuestiones y dejamos las ideas, mejores o peores, para otros? En una ciudad como la nuestra en los que los índices de pobreza están a la cabeza del resto de comunidades autónomas, tenemos la obligación y la urgencia de ir a la vanguardia en asuntos tan importantes como la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Debería ser una prioridad para la Ciudad Autónoma ponerse al día en estas cuestiones y revisar, por ejemplo, el Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social de Melilla (BOME NUM 3907) ya que data del año 2002.
Estoy convencido de que es necesario en este momento hacer una reflexión sobre los logros y las limitaciones de lo hecho hasta ahora en política social, y dar un paso cualitativo y operativo hacia el desarrollo de una política social acorde a la nueva estrategia europea 2020 en torno a un Pacto Local por la Inclusión y al Primer Plan de Inclusión Social de la Ciudad Autónoma de Melilla sumando esfuerzos junto con las ong´s de acción social, la administración local, la estatal y el conjunto de actores sociales de nuestra ciudad para disminuir los altos índices de pobreza. Creo que avanzaríamos mucho más seguros y decididos que no con otras ideas, con muy buenas intenciones, pero fuera de la órbita y de las experiencias de trabajo del resto del Estado y de la propia Unión Europea.

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