UN PACTO SOCIAL PARA MELILLA “DE VERDAD”

Con esta frase terminábamos una conversación mi compañera de trabajo y yo hace un par de días tras leer las declaraciones del Sr. Presidente de la ciudad en el que comunicaba públicamente su interés por desarrollar un “gran pacto social”, que no es “hacer una gran obra, sino determinar qué tipo de sociedad queremos para el futuro en todos los aspectos, desde el económico al cultural, y cómo vamos a vertebrar esta ciudad”.

“Eso sería muy importante, pero que sea un Pacto Social de verdad” agregábamos. Nuestra afirmación es un deseo porque lo consideramos necesario. Pero no necesitamos un pacto redactado sino uno participado y elaborado por el mayor número de  ciudadanos. No puede haber pacto sin diálogo y no hay diálogo si una de las dos partes no puede o no quiere dialogar.

 Si lo que se quiere hacer desde el gobierno local es un pacto político, no debería seguir escribiendo, pero un Pacto Social es algo más que un acuerdo entre partidos políticos porque el futuro económico, cultural y social no se puede decidir desde los despachos de los diferentes grupos políticos. Si hay alguien que así lo cree, está completamente equivocado.

Conservar un cierto equilibrio entre la participación de los ciudadanos y  la capacidad de decisión del gobierno es, quizás, el dilema más importante para la consolidación de la democracia. De ese equilibrio depende la calidad democrática y el buen gobierno de una comunidad.

Lo primero que pediría a los que van a impulsar este Pacto, es que revisaran la salud de los mecanismos de participación local como herramientas para ejercer el derecho a la participación ciudadana. Su diagnóstico no va a ser muy bueno, ya se lo adelanto como observador y ciudadano decepcionado por la limitada capacidad de respuesta de la Ciudad Autónoma en cuanto al desarrollo del derecho a ejercer la participación ciudadana en Melilla.

Ya en 1998 se publicó el Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la UE, estableciendo cuatro objetivos, uno de ellos «contribuir a un buen gobierno urbano y a la participación ciudadana».

La participación se concreta de diversas maneras. Una de ellas es la generación de espacios para al diálogo de los que hoy adolece nuestra ciudad, tanto desde el plano político como desde el social. Sólo hay que observar, por una parte, la nula actividad de los Consejos Sectoriales de las diferentes Consejerías existentes, única vía, hoy muerta, de participación en los asuntos públicos y, por otra parte, la inexistencia del Consejo Económico y Social. Son ejemplos que nos informan de unos déficits de democracia participativa que no sabría adjetivar. En algún otro artículo lo denominaba como anorexia democrática, pero quizá sea exagerado. Lo dejo a juicio de los lectores.

El ejercicio de la participación, como tal, no anula el conflicto. No es el remedio universal a los problemas ciudadanos, pero es el camino más eficaz para la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía y sin estos mecanismos básicos de participación que he nombrado como los Consejos Sectoriales funcionando a pleno rendimiento ¿cómo se puede articular un Pacto Social si lo primero que no funciona es el derecho de las personas a participar? Hablo del derecho de las personas a participar y por ende de las entidades sociales en las políticas de inclusión social.

Por lo tanto, para que un Pacto Social fundamente sus principios en los de buen gobierno, es imprescindible que se garantice el derecho a la participación ciudadana, un derecho que se recoge en todos los instrumentos de bases legales, tanto en los documentos y compromisos de organizaciones internacionales, como en los de la Unión Europea, y en los nacionales y de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, y aun siendo un derecho, en Melilla al no desarrollarse en reglamentos, prácticamente queda anulado, como así ocurre en realidad en nuestra ciudad dando la impresión de que la clase política melillense se olvida que la participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático y un derecho. Sin participación no puede haber democracia.

Los Ayuntamientos españoles llevan años promoviendo e innovando en este terreno, convencidos de que la buena acción de gobierno pasa por la implicación ciudadana en los proyectos que afectan a su presente y a su futuro. ¿Qué ha pasado en Melilla? ¿Por qué no se ha promovido la participación ciudadana? ¿Qué piensan nuestros políticos de ese derecho desatendido?

Imbroda proclama un Pacto Social, pero no será suficiente con proclamarlo y explicarlo. Es necesario dar un paso hacia adelante y facilitar canales e instrumentos adecuados a la ciudadanía responsable que reclama la actuación de un gobierno relacional e integrador, que promueva el debate social para la articulación de las diferentes visiones existentes con respecto a la construcción de lo que el mismo Imbroda denomina la “vertebración de la ciudad”.

La Administración Local como administración más próxima a la ciudadanía y cauce primario de la participación, tiene el deber de facilitar esos espacios de participación y dar respuesta a las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente y consciente de sus derechos.